La Corte Suprema acaba de cerrar la puerta. Con un fallo de 6 votos contra 3, el tribunal le dio la razón a la administración Trump: cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) es una decisión política, y los jueces federales no tienen autoridad para revisarla. En cristiano: ya no hay a quién apelarle. A partir del 27 de julio, unos 350.000 haitianos y cerca de 6.000 sirios pierden de golpe el permiso que les dejaba vivir y trabajar legalmente en este país.
Pero el número real detrás de esta decisión es otro: 1,3 millones. Esa es la cantidad de personas de 17 países que dependen del TPS, y aunque hoy el fallo apunta a Haití y Siria, el mensaje para los otros 13 países con esta protección es clarísimo —la Corte ya dijo que no va a meterse en este tipo de casos.
¿Qué significa esto en términos prácticos? Que el TPS dejó de ser, en los hechos, una protección “temporal pero renovable casi indefinidamente” y pasó a ser un beneficio que el gobierno de turno puede apagar cuando quiera, sin que un juez pueda frenarlo. Eso cambia el cálculo de vida de cientos de miles de familias: ya no se trata solo de esperar la próxima renovación, sino de que cualquier protección migratoria que dependa de una decisión administrativa —no de una ley— ahora es más frágil de lo que parecía.
Hay un efecto colateral que pocos están contando: esto también es un golpe económico. Negocios en sectores como hotelería, construcción y salud en estados como Florida y Ohio ya están hablando de despidos masivos porque, de la noche a la mañana, parte de su fuerza laboral se vuelve “no contratable” por ley. El gobernador republicano de Ohio lo dijo sin filtro: esto perjudica a su estado y a su economía. Cuando hasta un aliado político del presidente reconoce el costo, es una señal de que el impacto no es solo humano, es financiero, y se va a sentir en la cadena de suministro de servicios que todos usamos.